Un durísimo informe contra Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule que se encuentra imputada desformalizada por el caso convenios, ha emitido la comisión investigadora integrada inicialmente por los consejeros George Bordachart, Gabriel Rojas y Daniel Bustos, esta comisión se crea con el propósito de indagar y recopilar la información relacionada a los traspasos de recursos del Gobierno Regional del Maule a distintas fundaciones, los cuales están cuestionados por la Justicia, las que en su mayoría se realizaron por concepto de asignaciones directas, enmarcado dentro de las facultades que en su entonces tenían los gobernadores regionales, y se les retiraron

La comisión recopiló información de fundaciones y entrevistó a funcionarios y directivos para obtener antecedentes relevantes.  Es importante destacar que la comisión no recibió respaldo técnico del Gobierno Regional y que los gastos en traslados fueron cubiertos por los consejeros personalmente

DETALLES DE LOS TRASPASOS:

Durante el periodo 2021-2023, se traspasaron $2.544.011.982 millones de pesos a diversas fundaciones, pero solo se ha rendido el 19,4% de este monto, equivalente a $494.194.880 millones de pesos hasta septiembre de 2023, según la unidad de control. Se detallan los proyectos aprobados por año, destacando que en 2022 se asignaron significativas sumas a fundaciones como Hogar de Cristo y Desafío Levantemos Chile. Además, se menciona un caso específico de la Fundación TRAESOL, con proyectos sobre detección de cáncer de mamas y reconstrucción mamaria, aprobados y financiados el mismo día, lo cual generó controversia por posible fraccionamiento de proyectos, considerado delito en el Gore de Antofagasta.

El informe expone la sospecha de fraccionamiento de recursos en la asignación a fundaciones durante los años 2021-2023 en el Gobierno Regional del Maule. Se señala que varios proyectos fueron divididos de manera que la suma total superó el límite permitido para la autoridad gubernamental, eludiendo así la aprobación del Consejo Regional. Un ejemplo específico es la Fundación TRAESOL, donde dos proyectos similares fueron aprobados y financiados el mismo día, lo que sugiere una posible estrategia para evadir el control requerido. Además, se menciona la Fundación Urbanismo Social, que accedió al gobierno a través de la Ley del Lobby para proyectos de catastro de suelos y programas comunitarios, con reuniones donde participaron representantes gubernamentales y de la fundación. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en el número y la fecha de las solicitudes según la Ley del Lobby, lo que genera dudas sobre la transparencia y la precisión de la información proporcionada por las fundaciones beneficiarias de fondos públicos.

El texto detalla investigaciones sobre el Gobierno Regional del Maule respecto al uso indebido de recursos públicos. Se sospecha que las dependencias del gobierno se utilizaron para contratar personal vinculado al ejecutivo, aprovechando asignaciones directas otorgadas por la gobernadora imputada Cristina Bravo, sin aprobación del Consejo Regional. Un caso específico involucra a la Fundación Urbanismo Social, que recibió fondos en una sola cuota a pesar de que su proyecto permitía entregas escalonadas según su planificación. Se destaca que dos personas recomendadas por la gobernación para la fundación, Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, tienen relaciones personales con altos funcionarios del Gobierno Regional, lo cual genera preocupaciones éticas y de posible conflicto de interés.

En el caso de la Fundación Urbanismo Social, se revela que se desembolsaron los recursos en una sola cuota sin seguir el programa de caja acordado ni la metodología propuesta por la entidad. El convenio firmado para mejorar la seguridad en barrios no coincide con las actividades económicas registradas legalmente por la fundación, lo que genera discrepancias. Además, tras la decisión unilateral del gobierno de no continuar el proyecto, se intentó rescindir el contrato sin éxito, y actualmente los recursos asignados no han sido devueltos al Gobierno Regional. En otro caso, la Fundación Participa modificó su proyecto inicial después de observaciones de Contraloría, cambiando de trabajar con personas jurídicas a personas naturales, lo que incluyó la entrega de subsidios individuales para la compra de insumos agrícolas.

En el caso de la Fundación Huella Local, el proyecto para asistir técnicamente a comités de servicios sanitarios rurales fue presentado al Consejo Regional y luego desistido debido a problemas administrativos y técnicos no resueltos, aunque los recursos aprobados no fueron devueltos. La Fundación Semilla, por su parte, ejecutó un proyecto de capacitación para líderes juveniles en desacuerdo con su objetivo estatutario registrado, y recibió los fondos en una sola cuota, incumpliendo el programa de caja acordado. Similarmente, la Fundación Curicó en Acción implementó un proyecto de mejora urbana recibiendo los recursos en una sola entrega, a pesar de que la programación financiera indicaba su distribución en 24 meses. Acción destacada por la Contraloría como inadecuada debido a que no se ajusta a las normativas establecidas para la ejecución y fiscalización de proyectos financiados con fondos públicos.

Según la información proporcionada, Javier Muñoz Riquelme, en su calidad de autoridad comunal (alcalde), participó en reuniones relacionadas con la presentación del proyecto de la Fundación Curicó en Acción ante el Gobierno Regional del Maule. En un contexto posterior, reconoció haber firmado y tramitado una letra de cambio (N° 1-1, de fecha 30 de diciembre de 2022) para garantizar el proyecto, ya que la fundación no disponía de los recursos necesarios para proporcionar esa garantía.

La Contraloría Regional del Maule ha señalado que, de acuerdo con el Instructivo de postulación de iniciativas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la garantía para los proyectos debe ser proporcionada por la corporación o fundación respectiva, o por un tercero en su nombre. En ningún caso, según la interpretación de la Contraloría, la garantía puede ser asumida por un alcalde en su calidad institucional, sino que debe hacerse a título personal, sin comprometer el patrimonio municipal.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Las consideraciones finales de la comisión resaltan varios puntos críticos en relación con el manejo de fondos públicos por parte de las fundaciones y el Gobierno Regional del Maule:

1. Resguardo del Patrimonio Público y Probidad Administrativa:
   • Se enfatiza que el resguardo del patrimonio público y el deber de mantener la probidad administrativa son obligaciones fundamentales de la función pública. Esto cobra especial relevancia dado el mandato legal del Consejo Regional de cumplir una función fiscalizadora, según lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
2. Análisis de Ejemplos de Fundaciones y Montos Asignados:
   • Se presenta un cuadro comparativo que muestra el monto entregado por asignación directa a algunas fundaciones y su respectivo patrimonio:
     • Fundación Tejido Social: recibió $16.970.626. con un patrimonio de  solo $500.000
     • Fundación Urbanismo Social: recibió $264.950.000. con un patrimonio de solo $1.000.000
     • Fundación Semilla: recibió $271.113.000. con un patrimonio de solo $10.000.000.
     • Fundación Participa: recibió $379.800.000. con un patrimonio de solo $1.000.000
   • Se destaca que, a pesar de que el Gobierno Regional del Maule solicita a las fundaciones un mecanismo de caución equivalente al 5% del monto total de la transferencia, esto puede no ser suficiente para proteger adecuadamente el patrimonio fiscal en situaciones donde las fundaciones no cumplan con reintegrar recursos observados, no ejecutados o no rendidos.
   • Se subraya la diferencia considerable entre los montos transferidos y el patrimonio de algunas fundaciones, lo cual plantea dudas sobre la capacidad económica de estas instituciones para responder en caso de incumplimiento.

Prudencia en las Transferencias Directas:

1. • Se cuestiona la prudencia de realizar transferencias directas en una sola cuota a instituciones cuyo patrimonio claramente no sería suficiente para cubrir posibles incumplimientos.
   • Se sugiere revisar los procedimientos de asignación de fondos públicos y fortalecer los mecanismos de control para garantizar una gestión más transparente y eficaz de los recursos destinados al desarrollo regional y comunitario.

Las consideraciones finales de la comisión revelan varios aspectos críticos relacionados con la ética, la probidad administrativa y la gestión de recursos en el Gobierno Regional del Maule:

Ética y Probidad Administrativa:

1. • Se detectaron conductas indebidas de algunos funcionarios que utilizaron su posición para obtener beneficios personales o para terceros en el contexto de un convenio con la Fundación Urbanismo Social. Esto representa una vulneración al principio de probidad administrativa, como lo señaló Pilar Goycoolea, fundadora y presidenta del directorio de la fundación.
   • Se subraya la necesidad de fortalecer los conceptos de ética y probidad, así como implementar planes de integridad institucional conforme a la nueva ley de compras. También se destaca la importancia de revisar las funciones y normativas internas para mejorar el control y los procesos disciplinarios dentro de las jefaturas.
   • Acciones Administrativas y Control Interno:
     • Después de que la unidad de control del Gobierno Regional entregara el informe solicitado por el Consejo Regional sobre las transferencias de fondos por asignaciones directas, se observaron acciones destinadas a debilitar esta unidad.
     • Se mencionan cambios inconsultos en el personal de la unidad de control, debilitándolo: Verónica Rodríguez fue sacada en septiembre de 2023, Daniela Madariaga en abril de 2024, y Carmen Soto en mayo de 2024.
     • Además, se critica la calificación negativa dada al Jefe de la unidad de control, con un informe impreciso  y se revela que Contraloría, al auditar cuatro fundaciones, encontró las mismas debilidades señaladas por la unidad de control del Gobierno Regional. Sin embargo, a pesar de ello, se toman acciones administrativas de parte de la autoridad y se deja al funcionario a cargo de la unidad de control en lista 3-Condicional-, lo que eventualmente tendría como desenlace una posterior medida expulsiva. Al consultarle al funcionario, señaló que apeló esta medida a contraloría y esta le encontró la razón indicando que debía retrotraer el proceso calificatorio y en este nuevo proceso lo vuelve a evaluar mal, encontrándose nuevamente en proceso de apelación ante el ente contralor.
     • A pesar de que Contraloría respaldó las observaciones de la unidad de control, se tomaron medidas administrativas contra los funcionarios de esta unidad, incluyendo la posibilidad de expulsión para el jefe de la unidad.
     • Se destaca que algunos jefes de división desacreditaron el trabajo de la unidad de control, aunque Contraloría confirmó las observaciones realizadas por esta unidad en su revisión de casos de fundaciones.

El relato de algunos jefes de división entrevistados existe un relato común de denostar el trabajo de de control del Gobierno Regional, describiéndolo como “penoso, dilatorio, falso”.

Aunque la Contraloría confirma algunas observaciones de la unidad de control en la revisión de ciertos casos de fundaciones, las acciones posteriores a la entrega del informe provocaron el desmantelamiento de la unidad y la remoción de funcionarios que participaron en la elaboración del documento final. Estas acciones no solo vulneran derechos funcionarios, sino que también afectan las competencias del órgano encargado por ley de realizar auditorías operativas internas para fiscalizar la legalidad y controlar la ejecución financiera y presupuestaria del gobierno regional, así como colaborar con el consejo regional en su función de fiscalización. Ante esto, surge la pregunta de si el Consejo Regional volverá a condicionar el actuar de la unidad de control, necesaria para su función de fiscalización, considerando los eventos recientes.

Estas observaciones resaltan las irregularidades y la falta de seguimiento adecuado en la ejecución de proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule, evidenciando la necesidad de una mayor transparencia y cumplimiento de las normativas vigentes en la administración de fondos públicos destinados a iniciativas de desarrollo regional y comunitario.

Link al documento: https://es.scribd.com/document/753035083/Informe-Comisio-n-Caso-Fundaciones-Junio-2024

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