A casi dos años de las devastadoras inundaciones en la región del Maule, empresarios que prestaron servicios durante la emergencia aún esperan el pago de más de $1.100 millones por parte del Estado. La demora afecta a contratistas que facilitaron maquinaria para el despeje de zonas afectadas en Curepto y Vichuquén.
Rubén Illesca, uno de los afectados, denunció que les prometieron pagos en 30 días, pero a la fecha no han recibido el 100% del dinero adeudado. “Nos han mentido en la cara”, afirmó, agregando que tampoco recibirán reajustes pese a la devaluación del peso chileno.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) ha oficiado en dos oportunidades solicitando información, señalando que el monto adeudado podría alcanzar los $1.500 millones. Advirtió que este retraso podría configurar un caso de “enriquecimiento ilícito” por parte del Estado.
Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, indicó a Radio Biobío que el pago está en toma de razón por parte de la Contraloría y que se generaron convenios de transferencia con los municipios en diciembre para destrabar los pagos.
En paralelo, un estudio de la fintech Duemint reveló que las pymes siguen enfrentando retrasos en los pagos, lo que compromete su estabilidad financiera. Expertos proponen crear un fondo de emergencia y establecer sanciones para agilizar los procesos.
A pesar de la vigencia de la Ley de Pago a 30 Días, el incumplimiento en estos plazos sigue afectando a empresas que han prestado servicios al Estado. Los contratistas esperan que la situación se resuelva pronto para evitar la quiebra de sus negocios.
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