En un caso que ha remecido la capital maulina, María Pía González Gutiérrez, de 38 años, ha sido formalizada por la Fiscalía local de Talca por delitos reiterados de estafa y captación ilegal de dinero, con un perjuicio económico que asciende a más de mil 200 millones de pesos.
Un Patrón de Estafa
Desde abril del 2022, 19 víctimas presentaron denuncias contra María Pía González Gutiérrez. La investigación llevada a cabo por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Talca reveló un patrón común en su modus operandi. La imputada ofrecía inversiones en su empresa con promesas de altos intereses, superiores a los del sistema financiero formal. Para convencer a las víctimas, presentaba documentación bancaria falsificada que aparentaba solvencia económica.
Las víctimas, atraídas por las aparentes oportunidades lucrativas, entregaban sumas significativas a María Pía González Gutiérrez mediante efectivo, transferencias y depósitos. Inicialmente, ella pagaba los intereses prometidos, pero luego suspendía los pagos definitivamente.
Formalización y Prisión Preventiva
En la audiencia de formalización, la fiscal Loreto Escobar detalló los cargos y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. “Atendida la naturaleza del delito, la cantidad de víctimas y los importantes montos involucrados, se solicitó la medida cautelar más gravosa”, explicó la fiscal. El tribunal aceptó la solicitud, decretando un plazo de investigación de cuatro meses.
Detalles de la Investigación
En algunos casos, María Pía González Gutiérrez solicitó préstamos con falsas promesas de lucrativas inversiones. Cuando las víctimas pidieron la devolución de sus fondos, ella emitió cheques que posteriormente fueron protestados por falta de fondos.
El subprefecto Raphael Soto, jefe de la BRIDEC Talca, explicó: “Se procedió a la ubicación y entrevista de las víctimas, recopilación de información y documentación. Los antecedentes obtenidos por el Laboratorio de Criminalística Regional Talca permitieron un peritaje contable, cuyos resultados confirmaron el perjuicio económico de más de mil 200 millones de pesos.”
La imputada fue enviada al Centro Penitenciario Femenino (CPF) mientras continúan las investigaciones. Este caso subraya la importancia de la diligencia y cautela al considerar oportunidades de inversión no reguladas.
