Fundación Urbanismo Social Declara Quiebra: Caso Convenios y el Gobierno Regional del Maule

En un golpe significativo  la Fundación Urbanismo Social ha solicitado su quiebra voluntaria, en medio de controversias y complicaciones con convenios público-privados. La solicitud fue presentada por la arquitecta Camila Ramírez el pasado 5 de junio ante el 22° Juzgado Civil de Santiago.

El Caso Convenios y sus Consecuencias

El caso Convenios, revelado en junio de 2023, desencadenó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones entre el sector público y privado. La parálisis de actividades y la falta de claridad administrativa afectaron gravemente a la fundación.

Según la fundación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros organismos públicos decidieron terminar anticipadamente varios convenios, privando a la fundación de fondos críticos y obligándola a devolver cantidades ya percibidas. Por ejemplo:

• Municipalidad de Santiago: Terminación del convenio de rehabilitación de Avenida Portales por $121.922.433.
• Gobierno Regional del Maule: Restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El convenio fue terminado recién el 5 de diciembre de 2023.

Acusaciones de Irregularidades

Además, Urbanismo Social señaló presiones para contratar a personas específicas vinculadas a la gobernación del Maule, algo que la Gobernadora Cristina Bravo niega categóricamente. Según la fundación, esta falta de claridad y las presiones políticas contribuyeron a su incapacidad para avanzar en los proyectos, que sumado a otros factores hoy la llevan a la quiebra voluntaria.

Declaraciones y Futuro de la Fundación

La solicitud de quiebra, destaca que en lugar de evaluar sus procesos administrativos, los organismos públicos decidieron terminar los convenios, obligando a la fundación a restituir cantidades ya percibidas. Esta situación ha dejado a la fundación sin los recursos necesarios para operar, llevando a su inevitable liquidación.

La situación de la Fundación Urbanismo Social es un claro reflejo de las complicaciones y desafíos que enfrentan las colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda, y subraya la necesidad de una revisión profunda de los procesos administrativos y de colaboración entre entidades públicas y privadas.

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