La Fiscalía Local de Talca ha conseguido condenas que suman un total de 10 años de presidio contra tres individuos vinculados a la Ilustre Municipalidad de Pencahue, quienes fueron encontrados culpables de cohecho. Los imputados son José Cupertino Castillo Castro, exconcejal de dicha comuna, junto a Ricardo Antonio Herrera Torres y Robinson Edgardo Rojas González, ambos exfuncionarios de la Dirección de Tránsito de la entidad municipal.
Detalles del Caso
El esquema delictivo se centraba en la venta de certificados falsos de cursos regulares para conductores profesionales, emitidos por la Escuela de Conductores Profesionales Santa Juana, ubicada en Concepción. Castillo Castro actuaba como promotor y facilitador de personas interesadas en adquirir licencias de conducir de manera irregular. Junto a Rojas González y Ricardo Antonio Herrera Torres, Castillo facilitaba la obtención de dichos certificados falsos, que luego eran presentados en la Dirección de Tránsito para obtener las licencias correspondientes.
Los acusados cobraban aproximadamente 200 mil pesos por cada certificado falso. Además de facilitar el proceso para terceros, Castillo Castro y Rojas González también obtuvieron estos certificados falsos para sí mismos.
Condenas Impuestas
- José Cupertino Castillo Castro: Sentenciado a 4 años de presidio, más una multa de 1.8 millones de pesos. La pena de cárcel se sustituyó por libertad vigilada.
- Robinson Edgardo Rojas González: Condenado a 3 años de presidio, más una multa de 900 mil pesos. Adicionalmente, recibió una condena de 21 días de presidio, suspensión de licencia por un año y el pago de 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Las condenas serán cumplidas bajo régimen de libertad vigilada.
- Ricardo Antonio Herrera Torres: Sentenciado a dos penas de 541 días de presidio, más una multa de 660 mil pesos. Las penas serán cumplidas bajo remisión condicional.
Implicaciones
Este caso destaca el compromiso de la Fiscalía Local de Talca en la lucha contra la corrupción y el cohecho en la administración pública. Las condenas impuestas reflejan la gravedad de los delitos cometidos y el esfuerzo por mantener la integridad en los procesos de emisión de licencias de conducir.
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