Hasta la Delegación Presidencial Regional del Maule, llegó el diputado Jorge Guzmán junto a un grupo de proveedores que prestaron servicios al Estado durante las inundaciones de 2023, quienes exigen se pague la deuda de más de 1.500 millones de pesos por los trabajos realizados en la emergencia. Se trata de 29 pequeños empresarios de las comunas de Vichuquén, Curepto, Licantén, Linares, Rauco y Maule, que con mano de obra y servicios, contribuyeron a la recuperación de la región y que todavía no reciben su pago tras casi dos años, enfrentando riesgos de quiebra.
“Una situación indignante y vergonzosa. Son pequeños proveedores que en un momento difícil de la región estuvieron dispuestos a poner sus recursos. Queremos una respuesta clara, concreta, de cuándo va a ser la fecha que les van a pagar a los proveedores. No queremos más que nos digan que se está tramitando, que se están recopilando antecedentes, que se están levantando papeles, sino que necesitamos saber cuándo se les va a pagar a estos proveedores y quién se va a ser responsable”, indicó el diputado Jorge Guzmán.
El parlamentario indicó que “esto fue una información que se les entregó a todos los alcaldes al momento de las inundaciones, y se les dio la instrucción desde el gobierno para que recurrieran a contratistas para que desarrollaran trabajos de habilitación de caminos, levantar el barro, sacar los escombros. La respuesta que les dieron es que a través de las fichas Alfa, que es una ficha que usan los municipios, iban a tener desde el Ministerio del Interior los recursos para poder financiar a estos contratistas. Eso no ha ocurrido y solo se han llenado de excusas, justificaciones, han señalado que tenían que recomponer antecedentes, pero la verdad que aquí los únicos responsables de lo que ha ocurrido es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ellos son los encargados de habilitar la región después de una situación tan grave como fue la emergencia y las inundaciones”.
El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, indicó que “creo que aquí hemos estado por lo menos unas 10 veces viendo este tema, en estos ya casi dos años. Y la verdad es que se nos han comprometido con plazos, con fechas. También, de cierta manera, hay un traspaso de responsabilidad, porque hicieron unos convenios, donde ahora nosotros, como municipio, vamos a tener que realizar un trato directo para poder regularizar esta situación. Pero estamos dispuestos a eso, ya hemos estado en Contraloría haciendo nuestras averiguaciones, hay un convenio, pero no está la plata. Entonces, difícil poder darle una solución. Ya no queremos venir a más reuniones, porque la verdad que la respuesta ha sido bastante vaga y hasta el día de hoy no hay una solución clara”.
Uno de los afectados, Darwin Zúñiga, proveedor de Vichuquén, afirmó que “hay empresas que de hecho ya quebraron, hay empresas que en su momento cuando fue la inundación contaban con maquinaria, camiones de diferentes tipos y ahora tuvieron que cambiar de rubro. Acá tenemos por ejemplo a un contratista, él tenía máquinas, camiones y ahora se dedica al negocio de la comida, vende empanadas, ahora mismo tuvo que conseguirse un auto para venir acá. Entonces igual yo creo que ya todos estamos sobrepasados con esto, ya pasó mucho tiempo, primero se supone que eran 30 días de pago, después 60, después 90 y así siguieron pasando los meses hasta el día de hoy que son 18 meses aproximadamente que no se nos paga”.
Otro de los perjudicados por el no pago de la deuda, Germán Correa de Vichuquén, agregó que “lamentablemente mis vehículos, que era un camión y una retroexcavadora, las tengo en panne hace más de un año, esperando estos recursos para poder volver a levantarme, los cuales nunca llegaron. Y esto ha sumado deudas, y al final, abriendo unos emprendimientos nuevos, trabajando al día en la construcción para poder solventar a mi familia, porque ya esto no da para más. Yo ya perdí la fe, la esperanza, los compromisos han sido reiterativos, nunca los han cumplido, entonces ya no hay más. Yo hoy día decepcionado de estos señores que nos dicen, tal día pagamos, y no, no aparece nada”.
Tras la reunión, el delegado presidencial regional entregó un plazo hasta el 31 de marzo para que se haga efectivo el pago de la deuda a los proveedores, quienes quedaron esperanzados de que se cumpla con el compromiso del gobierno.