Académica de la UTalca es nombrada abogada integrante de la Corte Suprema

Se trata de Irene Rojas Miño, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios, y, quien, junto a 11 abogados, deberá apoyar el funcionamiento de las salas de la Corte Suprema durante el trienio 2024-2027.

La abogada es una destacada experta que realiza gran parte de su investigación desde el Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (CENTRASS), el que dirige.

La académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Irene Rojas Miño, es una de las abogadas que integra desde este viernes la Corte Suprema hasta el 2027.

La profesora es directora del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (CENTRASS) de la casa de estudios y forma parte de los 12 abogados designados por el Presidente de la República con el fin de apoyar el funcionamiento de las salas de la Institución.

“Es un honor integrar la Corte Suprema, y es un honor doble, porque soy académica de una universidad pública del Estado. El integrar la Corte Suprema plantea un desafío que podré enfrentar con el apoyo de mi casa de estudios”, expresó la académica tras conocer su designación.

La profesora es reconocida por su aporte en el derecho del trabajo y ha desarrollado una extensa carrera publicando e investigando en el área, por esa razón desempeñará sus funciones en la Cuarta Sala (Laboral) de la Corte Suprema.

Rojas Miño detalló que, el cargo de abogado integrante tiene como labor “apoyar el funcionamiento e integrar las salas en un supuesto específico, y es cuando por diversas causas, la sala no cuenta con el número de ministras y ministros requeridos”.

La selección de estos abogados, destacó la profesora, está dada por sus conocimientos en determinadas áreas, y, “lo que hace la Corte Suprema es distribuir a los abogados designados por el ejecutivo, en las diversas salas, de acuerdo a su especialidad”.

Por otra parte, la académica explicó que “los profesionales postulantes deben cumplir determinadas exigencias que plantea el Código Orgánico de Tribunales. Deben tener un tiempo en el ejercicio de la profesión, pero –particularmente- señala la ley a estos efectos, debe tratarse de abogadas y abogados que se hayan destacado profesional y o académicamente”.