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2 días agoon
El transporte público en Talca es un desastre que afecta a miles de personas a diario. Micros que no pasan, recorridos insuficientes y una falta crónica de conductores tienen a los pasajeros atrapados en un sistema ineficiente. La situación, que se arrastra desde el estallido social y se agravó con la pandemia, dejó en evidencia una crisis estructural que las autoridades no han sabido —o podido— solucionar.
Desde hace años, los terminales de micros urbanas de la ciudad están llenos de máquinas detenidas, esperando conductores que no llegan. Muchos optaron por trabajos mejor remunerados en las minas del norte, mientras que otros prefieren la flexibilidad del transporte privado a través de aplicaciones. El resultado: una ciudad sin un servicio de transporte confiable y usuarios que deben adaptar su vida a la escasez.
Andrés, estudiante del Instituto Superior de Comercio de Talca (Insuco), vive en el sector de Carlos Trupp, una zona de alta densidad poblacional con más de 60 mil habitantes. Cada mañana, su travesía para llegar a clases comienza a las 5:30 AM. Se baña, toma desayuno apurado, camina cinco cuadras hasta la avenida 8 Sur, toma la primera micro disponible —si es que pasa— y soporta más de una hora de viaje en un recorrido atestado de pasajeros y trabado por el tráfico, para volver a caminar unas 5 cuadras.
“La 8 sur tiene un taco que no se mueve, desde las 7 am” reclaman usuarios. A pesar del esfuerzo, muchas veces no logra llegar a tiempo.
El problema no es solo suyo. La decisión de los directivos del Insuco de cerrar las puertas a las 8:00 AM dejó a decenas de estudiantes fuera del establecimiento, expuestos al clima, hoy benigno y agradable, y sin opción de asistir a clases hasta que se les timbre la agenda esclar.
Lo que pretendía ser una especie de medida disciplinaria, para el riguroso cumplimiento del horario de ingreso, terminó castigando a quienes menos culpa tienen: alumnos que hacen todo lo posible por llegar a tiempo pero se ven impedidos por un sistema de transporte deficiente.
“No se puede castigar a los estudiantes por problemas que están fuera de su control. La responsabilidad recae en el sistema de transporte y en las autoridades que no han hecho nada para mejorarlo”, comentó una apoderada al programa “Viva la Mañana” de Radio FM+.
“No es justo”, comentó otra apoderada a Radio FM+. “Mi hija tomó la primera micro, corrió, hizo todo lo posible, y aún así la castigaron. ¿Dónde está el sentido común?”.
Ni el DAEM ni la Seremi de Educación del Maule se hicieron presentes en el Insuco para atender la situación.
Peor aún, apoderados que intentaron comunicarse con el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) no obtuvieron respuesta en ninguno de los números disponibles en internet.
La Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establece que la educación es un derecho humano fundamental. La Constitución chilena también lo garantiza en su artículo 19, numeral 10, asegurando el acceso obligatorio y gratuito a la educación media. Sin embargo, para los alumnos del Insuco Talca, este miércoles 12 de marzo, la burocracia y una demorosa atención de Inspectoría dejan a cientos de jóvenes fuera del aula por casi dos horas en algunos casos, con la educación transformada en un privilegio condicionado por la disponibilidad de transporte público.
El llamado “súper miércoles” del 5 de marzo dejó en evidencia la precariedad del sistema de transporte público. Ese día, el Seremi de Transportes del Maule, Guillermo Ceroni, reconoció públicamente la falta de máquinas, la insuficiencia de recorridos y la sobrecarga de pasajeros. Sin embargo, desde entonces, no ha habido cambios visibles.
Talca reprobó “Super Miércoles”: Usuarios del transporte público evaluaron jornada con nota 3,2
Plataformas como “Por dónde pasa la micro” en Instagram reflejan la frustración de los usuarios. Reportes ciudadanos muestran frecuencias cada vez más erráticas y buses que no cumplen sus recorridos. Mientras tanto, los estudiantes y trabajadores siguen pagando las consecuencias de un sistema colapsado.
El caso de la Villa Don Sebastián es otro reflejo extremo de la crisis. En este sector del norte de Talca, las líneas 1, 10, 21, 32 y 33 han reducido drásticamente su frecuencia, obligando a los vecinos a caminar largas distancias o pagar costosos traslados en aplicaciones.
Los adultos mayores son los más afectados. “Para nosotros no es opción caminar varias cuadras hasta otra avenida. Si la micro no pasa, simplemente no podemos salir”, relató una vecina.
Frente a la inacción de las autoridades, los habitantes han comenzado a organizarse para exigir soluciones. Hoy, la comunidad de Villa Don Sebastián se reunirá para recolectar firmas y presentar una solicitud formal ante el Seremi de Transportes y un concejal.
La crisis del transporte en Talca no es un problema nuevo ni pasajero. Es un problema anunciado que lleva años gestándose mientras las autoridades no tienen la capacidad de mejorarlo, y todo queda al arbitrio de los empresarios. En la práctica, los talquinos han perdido su derecho a un transporte público digno y funcional. Es el reflejo de un sistema que no se adaptó post pandemia y que afecta a miles de personas, especialmente a los más vulnerables: estudiantes, trabajadores y adultos mayores.
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