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La situación del exrector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, se ha vuelto un foco de controversia tras la revelación, por parte del “The Clinic”, sobre suculentos salarios que superaron los $17 millones durante parte de su gestión. Según la Contraloría, su actual contrato como docente no cumple con la normativa vigente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en las universidades estatales.
Rojas se desempeñó durante 28 años en el cargo de rector, y en cinco ocasiones su salario mensual superó los $17 millones. A pesar de que su sueldo base era de aproximadamente $5 millones, los montos se incrementaban notablemente gracias a diversas asignaciones, como bonos por formación y antigüedad académica. En total, Álvaro Rojas recibió cerca de $1.300 millones en remuneraciones durante la última década.
La polémica se intensificó después de que Álvaro Rojas fuera seleccionado como comisionado experto en regulación de aranceles de educación superior por el Ministerio de Educación, justo después de su renuncia como rector en 2022. En menos de un mes, fue recontratado como académico, lo que contraviene la ley que establece un período de espera de al menos cinco meses para reincorporar a académicos que hayan dejado sus cargos.
La Contraloría, el pasado 16 de octubre, emitió un dictamen que señala que la contratación de Álvaro Rojas no se ajusta a la normativa, ya que la ley requiere que las universidades estatales esperen al menos cinco años para volver a emplear a académicos, salvo en casos excepcionales. La calificación de Rojas como académico de excelencia no siguió el procedimiento establecido, según el organismo.
En respuesta a las acusaciones, y comparaciones con el caso de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, Álvaro Rojas defendió su trayectoria académica, afirmando: “Yo me doctoré en Alemania, he hecho todo lo que es una carrera académica plena.” Además, aseguró que su salario y asignaciones están debidamente aprobados por la Contraloría y la Junta Directiva de la universidad, recogió el diario “La Tercera”.
El 11 de octubre, Álvaro Rojas, exrector de la Universidad de Talca, fue seleccionado como uno de los siete comisionados expertos en regulación de aranceles de la educación superior por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP). Esta designación, que implica un análisis exhaustivo de sus antecedentes legales y curriculares, se da en medio de la controversia por su recontratación irregular como académico en la misma universidad, situación que ha generado inquietud sobre su actual vinculación laboral y sueldos.
Como comisionado, Rojas podría percibir $650 mil por sesión, con un máximo de 10 sesiones mensuales, lo que representa un ingreso potencial de hasta $6.5 millones al mes. Este año, la comisión ya ha realizado 59 sesiones, lo que ha significado un pago aproximado de $39 millones para cada integrante que asistió a todas las reuniones.
Paralelamente, Rojas también está percibiendo entre $2,8 y $6 millones mensuales por su trabajo como docente en la Universidad de Talca. El mes pasado, su remuneración alcanzó los $2.849.230 por una jornada de 14 horas semanales, a pesar de que su sueldo base es de solo $423.325, debido a diversas asignaciones. Sin embargo, su recontratación está bajo la lupa de la Contraloría General de la República, que indicó que esta no se ajusta a la normativa vigente.
El pasado 16 de octubre, la Contraloría dictaminó que la recontratación de Rojas no cumplió con la ley N° 20.374, que establece un período de espera de cinco años para recontratar a académicos que se hayan retirado de universidades estatales, salvo en casos excepcionales, como ser considerado un profesor de excelencia. No obstante, la calificación de Rojas como “académico de excelencia” no siguió el procedimiento adecuado, según el ente fiscalizador.
Por su parte, la Universidad de Talca aseguró que el oficio de Contraloría se encuentra en evaluación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Álvaro Rojas, en tanto, ha desmentido su recontratación, argumentando que la Junta Directiva es la encargada de decidir quién es considerado como académico de excelencia.
Este caso no solo expone una posible irregularidad en la contratación de uno de los rostros más prominentes de la Universidad de Talca, sino que también reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos en las universidades estatales. La recontratación de Rojas, y su inclusión en una comisión de expertos con altos sueldos, plantea serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normativas y la responsabilidad de las autoridades en este tipo de decisiones.
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