Senador Juan Castro Prieto bajo la lupa por millonarios contratos con el Estado

La reciente destitución de la senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional ha puesto en el foco a otros parlamentarios con vínculos contractuales con el Estado. Entre ellos, el senador por el Maule, Juan Castro Prieto (Partido Social Cristiano) destaca por su relación con la Constructora Indemma, empresa que ha recibido más de $3.280 millones en órdenes de compra de organismos públicos entre 2018 y 2022

Vínculos empresariales y contratos estatales

Antes de asumir como senador en marzo de 2018, Juan Castro Prieto era propietario de la Constructora Indemma a través de una red de sociedades familiares, como lo es la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva. Según registros, la empresa obtuvo contratos por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule durante su gestión como alcalde de Talca.

Tras asumir Juan Castro en el Senado, Indemma continuó recibiendo contratos estatales, sumando más de $3.280 millones hasta 2022.

Declaraciones y defensa del senador

Consultado por “The Clinic” sobre su participación en Indemma, Juan Castro Prieto afirmó no tener vínculos actuales con la empresa. Sin embargo, registros oficiales conocidos en “El Diario Oficial” indican que hasta Septiembre de 2018 mantenía propiedad indirecta a través de otras sociedades, cuando Juan Castro ya llevaba seis meses en el cargo Parlamentario.

En enero de 2020, se formalizó la salida del Senador Castro salida de la sociedad, traspasando su participación a sus hijos. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, período en el que ya ejercía como senador, Indemma recibió más de $1.400 millones en pagos estatales.

Otros parlamentarios en situaciones similares

El caso del Senador Juan Castro Prieto no es aislado. Otros legisladores también enfrentan cuestionamientos por contratos con el Estado:

• Fidel Espinoza (PS): Participó en la sociedad Difusora Fresia Limitada, que recibió cerca de $14 millones en contratos con municipalidades de la Región de Los Lagos. Aunque Espinoza asegura haber salido de la empresa en 2005, registros lo mantuvieron como socio hasta 2018.
• Jaime Mulet (FRVS): A través de Rodríguez y Compañía Limitada, vinculada a una radio en Vallenar, obtuvo contratos con municipalidades y servicios públicos. Mulet se retiró de la empresa un mes después de asumir como diputado, dejando a su esposa como controladora.
• Ximena Ossandón (RN): Socia de una empresa accionista de Cumplo Chile Spa, fintech que ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo. Ossandón afirma ser una inversionista pasiva con una participación mínima.
• Luciano Cruz-Coke (Evópoli): Arrendó una propiedad a la Junji hasta noviembre de 2020 por cerca de $4 millones mensuales. El contrato fue firmado en 2015, antes de asumir como parlamentario.

Implicaciones legales y constitucionales

El artículo 60 de la Constitución establece que cesará en su cargo el diputado o senador que celebre contratos con el Estado durante su ejercicio. La aplicación de esta norma en el caso de Isabel Allende sienta un precedente que podría afectar a otros parlamentarios en situaciones similares. Expertos constitucionalistas señalan que es necesario esperar la sentencia completa del Tribunal Constitucional para evaluar el alcance de esta decisión.

La destitución de la Senadora Isabel Allende abrió un debate sobre la transparencia y legalidad de los vínculos contractuales entre parlamentarios y el Estado. El caso de Juan Castro Prieto y otros legisladores pone de manifiesto la necesidad de revisar y clarificar las normativas para evitar conflictos de interés y asegurar la probidad en el ejercicio público.

Para más información y análisis sobre este y otros temas de interés regional, sintonice Radio FM+ 92.3 y siga nuestras redes sociales. FM+ marca la diferencia con una fuerte ética periodística, prensa en terreno y contenido original.