Renuncia cuñada de Presidente Boric en medio de escándalo por licencias médicas: Segegob confirma salida tras inicio de sumario

Fiona Bonati deja el Gobierno tras verse involucrada en investigación por uso irregular de licencias médicas. El Presidente Boric exige asumir responsabilidades aunque exista renuncia.

Vínculo directo con el Presidente no detiene la investigación

La Secretaría General de Gobierno (Segegob) confirmó la renuncia de Fiona Bonati, periodista de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y cuñada del Presidente Gabriel Boric, luego de que se abriera un sumario administrativo por presunto mal uso de licencias médicas. Bonati es esposa de Simón Boric, hermano del Mandatario.

La dimisión fue presentada de forma voluntaria y comenzó a regir el 29 de mayo, según informó oficialmente el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La decisión se produjo tras el inicio de un proceso sumarial instruido conforme a directrices del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, quienes han activado una serie de procedimientos internos para investigar posibles irregularidades en la utilización del derecho a licencia médica dentro del aparato público.

Segegob emite declaración formal

“Conforme a lo instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, se dio inicio a un sumario administrativo desde la Subsecretaría de Gobierno, el que se encuentra en su fase investigativa. Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la Segegob a partir del 29 de mayo“, precisaron desde la cartera en un comunicado.

Aunque no se entregaron detalles específicos sobre el caso puntual de Bonati, su salida se suma a una serie de investigaciones activas en distintas reparticiones públicas por el eventual uso fraudulento de licencias médicas.

Boric endurece el tono: “Debe haber responsabilidad aunque se renuncie”

Durante su reciente Cuenta Pública 2024, el Presidente Gabriel Boric se refirió con severidad al escándalo nacional que ha sacudido a servicios públicos, hospitales y oficinas estatales por licencias médicas extendidas sin justificación legal ni ética.

“Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia”, afirmó el Jefe de Estado desde el Congreso Nacional. Además, recalcó que “la sanción por una falta grave a la probidad es la destitución”.

El mandatario llamó a no banalizar el tema ni utilizarlo políticamente para atacar la estructura del Estado chileno, al tiempo que subrayó:

“Acá no pueden pagar justos por pecadores. Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto… la institucionalidad pública chilena es robusta comparada a nivel internacional”.

Contraloría intensifica control sobre sumarios

En paralelo, la Contraloría General de la República emitió esta semana un instructivo dirigido a todas las instituciones públicas con el fin de reforzar el monitoreo y ejecución de los sumarios administrativos vinculados a licencias médicas irregulares.

Según precisó el ente fiscalizador, este procedimiento busca “determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas en cada uno de los casos detectados en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC)”.

La gravedad del fenómeno ha derivado en una alerta transversal dentro de la administración pública. Se teme que el uso abusivo del sistema de licencias médicas esté afectando no solo el correcto funcionamiento de los servicios, sino también los principios de ética y probidad en los que se sustenta la función pública.

Caso Bonati: símbolo de la presión pública

Aunque la renuncia de Fiona Bonati no implica una admisión de culpa, su salida del Gobierno marca un hito: el vínculo con el círculo más cercano del Presidente no impide que los procedimientos sigan su curso. La presión por mayor transparencia y el impacto de la opinión pública están acelerando decisiones ante un enorme desprestigio institucional.

El caso queda ahora en manos de los equipos investigativos internos y será la Contraloría quien defina eventuales responsabilidades. La salida voluntaria no interrumpe el sumario ni detiene una posible sanción posterior.

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