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Diputado Benjamín Moreno por recorte presupuestario al ministerio público: “La crisis de seguridad exige fortalecer recursos, no recortarlos”
El recorte de más de $7.000 millones al presupuesto del Ministerio Público, anunciado como parte de un ajuste global del Ejecutivo para 2025, tendrá un impacto directo en áreas esenciales para su funcionamiento. La medida impactará directamente en áreas clave como la seguridad de los fiscales, el pago de suplencias, arriendos y servicios básicos, lo que compromete la operatividad de la institución en un momento crítico para la seguridad del país.
Esta rebaja podría dejar al organismo sin recursos para enfrentar gastos esenciales, como los peritajes extraordinarios o las herramientas tecnológicas utilizadas en la persecución de delitos complejos. El fiscal Valencia criticó que mientras otras instituciones como Carabineros, la PDI o Gendarmería mantienen sus recursos, el Ministerio Público, que lidera las investigaciones, sea el principal afectado.
El diputado republicano Benjamín Moreno también expresó su rechazo a esta decisión:
“rebajar el presupuesto del Ministerio Público en más de $7.000 millones es un golpe inexplicable a la lucha contra la delincuencia, especialmente en un contexto de crisis de seguridad como el que enfrentamos en nuestro país. Ciudades como Curicó han experimentado un aumento alarmante en la delincuencia, y en lugar de fortalecer los recursos para perseguir y combatir los delitos, el Gobierno recorta fondos vitales que afectan directamente la operatividad de fiscales y la seguridad de sus equipos.”
El Diputado Moreno agregó,
“es indignante que mientras se priorizan gastos para la contratación de operadores políticos y amigos del Gobierno, se desproteja a quienes están en la primera línea de la persecución penal. La seguridad de los chilenos debe estar por encima de cualquier agenda política. Este recorte es una decisión errada que afecta a todos.”
En un contexto de creciente inseguridad y con turnos adicionales para fiscales y funcionarios, este recorte representa un golpe a la operatividad y eficacia del organismo.
La decisión ha generado cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno, especialmente ante la percepción de que se deberían reducir gastos en áreas menos críticas en lugar de afectar a quienes están en la primera línea de la seguridad pública.
