Corte de Apelaciones de Talca concede libertad condicional a 31 internos

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca ha generado controversia tras resolver acoger la solicitud de 31 internos, lo que equivale al 12% de las 259 postulaciones presentadas desde las unidades penales de la región durante el segundo semestre de este año, esto en plena crisis de seguridad que afecta a todo el país.

Comisión evaluadora y proceso

El proceso de evaluación, que se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de octubre, fue liderado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Moisés Muñoz Concha, junto con los magistrados Héctor Américo Castro Figueroa, Luis Sumonte Rojas, Humberto Paiva Passero y Marcial Taborga. Durante estos días, se analizaron detalladamente los informes proporcionados por los jefes de los establecimientos penitenciarios involucrados.

Los resultados son los siguientes:

• 8 libertades condicionales otorgadas a reclusos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca (CCP).
• 6 libertades del CCP de Cauquenes.
• 5 libertades del CCP de Molina.
• 5 libertades del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Talca.
• 3 libertades del CCP de Curicó.
• 3 libertades del CCP de Parral.
• 1 libertad del CCP de Linares.

Críticas a la decisión

Diversos sectores de la ciudadanía han expresado su preocupación en redes sociales ante la liberación de reclusos que, en muchos casos, a opinión ciudadana siguen siendo considerados peligrosos. A pesar de las valoraciones jurídicas y técnicas realizadas por la comisión, el hecho de conceder libertades condicionales a 31 individuos genera incertidumbre en un contexto donde la actual crisis de seguridad sigue siendo una preocupación clave en la región.

Por su parte, los comisionados escucharon los argumentos de la Defensoría Penal Pública, que abogó por la reintegración de los internos que cumplieran con los requisitos establecidos, asi como también estas decisiones fueron tomadas en base a informes elaborados por los jefes de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, persiste el debate sobre si estos individuos continúan  representando un verdadero riesgo para la seguridad pública.

La ciudadanía local espera total claridad sobre los criterios de hecho y derecho utilizados para conceder estas libertades y cómo se garantiza que los liberados estén en condiciones de reintegrarse de manera segura a la sociedad.

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