Contraloría pone bajo la lupa a Talca y Linares por seguridad pública: planes vencidos y sesiones ausentes

Graves incumplimientos debilitan la lucha contra la delincuencia en el Maule

Las municipalidades de Talca y Linares figuran entre los gobiernos locales observados por la Contraloría General de la República (CGR) en su más reciente informe sobre el cumplimiento de obligaciones vinculadas a la seguridad pública. La alerta no es menor: ambas comunas aparecen en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) de 2025 por su incumplimiento en la entrega y actualización de planes comunales de seguridad, así como la escasa o nula frecuencia en la realización de sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Falta de planificación y riesgo para la población

Según el informe, el 90% de los municipios del país —es decir, 342 comunas— no ha remitido la información requerida a la Subsecretaría de Prevención del Delito, tal como exige la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695). Esta omisión legal afecta directamente la coordinación entre autoridades, policías y comunidad, comprometiendo la eficacia de las medidas preventivas ante delitos.

En el caso de Linares, la Contraloría advierte que no ha reportado ninguna sesión de su Consejo Comunal de Seguridad Pública durante los últimos años, a pesar de que la ley exige una sesión mensual.

En tanto, Talca ha informado solo entre dos y seis sesiones durante el año 2024, incumpliendo también con la periodicidad exigida, por lo que no hay constancia de que hayan sesionado una vez al mes como exige la norma.

Municipios en categoría “Urgente” por riesgo delictual

El documento identifica a 110 municipalidades en la categoría de “Urgentes”, debido a su alta vulnerabilidad socio-delictual.

“La falta de un plan de seguridad comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia”, señala el informe. Esta carencia no solo afecta la eficacia de las políticas públicas, sino que incrementa la exposición de la ciudadanía a delitos y otros eventos de riesgo.

El Municipio liderado por el Alcalde Juan Carlos Díaz, es una de las siete, entre las 40 municipalidades con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual que han reportado solo entre dos y seis sesiones del consejo durante 2024, por lo que no hay constancia de que hayan sesionado una vez al mes como exige la norma. En lista de comunas con información incompleta corresponde a  Calama, Estación Central, La Pintana, Lo Espejo, Quilicura, Viña del Mar y la mencionada Talca, lo que representa un llamado de atención a las autoridades locales, ya que dicha calificación implica una mayor exposición a delitos sin una estrategia formal y coordinada para enfrentarlos.

Planes vencidos y nulo seguimiento

A febrero de 2025, 24 municipios del país tenían sus planes vencidos, y 40 no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la categoría de “Urgentes”, seis comunas tienen planes vencidos, entre ellas La Florida (Región Metropolitana), que además es la novena comuna más riesgosa a nivel nacional.

La situación se agrava con la revelación de que 72 municipalidades remitieron actas del consejo con más de un año de retraso, entre ellas La Pintana, La Florida y Ñuñoa. Esta tardanza impide un seguimiento eficaz de las medidas acordadas, diluye la capacidad de respuesta frente a fenómenos delictuales y obstaculiza la transparencia institucional.

¿Qué está en juego?

El incumplimiento no es menor: los Consejos Comunales de Seguridad Pública y los Planes Comunales de Seguridad son instrumentos legales diseñados para abordar intersectorialmente la seguridad desde el nivel local, integrando a policías, municipios, instituciones públicas y organizaciones ciudadanas.

La ausencia de planificación, de sesiones periódicas y de información actualizada deja a las comunas más vulnerables en una posición crítica frente al delito. Y en el Maule, las comunas de Talca y Linares quedan expuestas no solo al crimen, sino también al reproche de la ciudadanía por la falta de gestión efectiva en uno de los temas que más preocupa hoy: la seguridad.

Según estipulado por la Ley 18.695 los municipios deben enviar a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que además deben actualizarse anualmente durante su vigencia.

Desde Contraloría advierten que los municipios deben asumir su rol. La ausencia de información y coordinación no es un error menor, sino una omisión estructural con impactos concretos sobre la vida de las personas.

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