Casi 4 mil horas injustificadas por 10 Médicos de Hospital de Concepción para ejercer docencia

La Contraloría General de la República destapó un preocupante caso en el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente: 10 médicos registraron más de 3.900 horas sin justificación entre 2022 y 2024 mientras ejercían como docentes en la Universidad de Concepción, sin devolver el tiempo a la atención de pacientes.

Falta de control y ausencias injustificadas

El informe reveló que estos profesionales, pertenecientes al Servicio de Cirugía, fueron contratados por la UDEC para realizar clases clínicas, mayormente en jornadas de lunes a viernes, entre las 08:00 y 10:00 horas. Sin embargo, en los días señalados no registraron atenciones en el hospital, no usaron pabellón y tampoco se les aplicaron descuentos salariales por sus ausencias.

Además, se constató que los médicos abandonaban sus turnos sin justificación y sin que la administración hospitalaria fiscalizara su cumplimiento. La CGR apuntó a una grave falta de supervisión en la gestión de asistencia y control horario.

Deficiencias administrativas y presuntas irregularidades

La auditoría también reveló problemas administrativos serios:

• Deficiencias en el sistema de control de asistencia.
• Falta de actos administrativos que respalden la autorización de docencia.
• Permisos insuficientemente fundamentados para realizar clases.

Incluso, la investigación detectó que el hospital no aplicaba descuentos a médicos con reiteradas faltas, pese a la existencia de registros que evidenciaban su incumplimiento laboral.

Médicos con licencia médica que seguían “atendiendo”

Otro hallazgo impactante es que al menos dos médicos, estando con licencia médica, registraron atenciones en el sistema del hospital. El recinto justificó esto señalando que fueron otros facultativos quienes ingresaron con sus claves a la plataforma, lo que abre interrogantes sobre el control de acceso a la información y el uso indebido de credenciales.

Medidas y acciones tras la investigación

A raíz del informe, la CGR validó el sumario administrativo iniciado en diciembre de 2024, exigiendo al hospital remitir el expediente y acreditar el cumplimiento de las funciones médicas de los profesionales observados. Si no logran justificar la labor contratada, el recinto deberá regularizar la situación y exigir la restitución de los pagos indebidos.

Este caso pone en el centro del debate la fiscalización de los convenios asistenciales-docentes y la responsabilidad del hospital en la gestión de su personal. La comunidad médica y la ciudadanía esperan que las medidas correctivas sean aplicadas con firmeza.

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