Batalla por los casinos: Tribunal vuelve a negar medida cautelar contra Dreams en Talca

La pugna por la operación de casinos en Chile sigue escalando, y el Grupo peruano Meier, actual operador del Casino Talca, sufrió un nuevo revés en su intento por impedir que Dreams —consagrado como nuevo administrador de los juegos en la capital regional y otras plazas, junto a Enjoy y Marina del Sol— pueda operar casinos bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emitió con fecha 15 de mayo una nueva resolución de “no ha lugar” a una medida cautelar presentada por Meier. El Tribunal argumentó que no se han esgrimido argumentos que hagan variar lo ya resuelto, considerando que la medida solicitada no recae directamente sobre los hechos que forman parte del proceso.

Asimismo, el TDLC detalla en el documento que la solicitud no busca resguardar el resultado de la pretensión sancionatoria de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que no se han presentado antecedentes que den cuenta de su necesidad para resguardar el interés común.

Es importante recordar que el Grupo Meier actúa como coadyuvante en el juicio por un presunto caso de colusión que está siendo investigado por la FNE. La Fiscalía ha presentado precautorias con el objetivo de impedir a Dreams —y a las otras dos empresas requeridas— obtener permisos de operación en Chile o prohibirles subsidios o garantizar financiamiento de sus postulaciones y ofertas en toda licitación con recursos provenientes de la explotación de los permisos adjudicados en los procesos licitatorios 2020 y 2021.

Disputa local: Oferta millonaria vs. acusaciones de subsidios

En el ámbito de la disputa por el casino en Talca, el Grupo Meier acusó que la oferta de 40.778 UF presentada por Dreams para adjudicarse el permiso, sería insostenible sin subsidios, ya que superaría en cuatro veces el presupuesto con el que ellos operan actualmente el Casino de Talca.

Dreams, por su parte, reaccionó a esta acusación, expresando que ganaron el permiso de operación de manera legítima, no solo por cuadruplicar la oferta económica, sino también por obtener la puntuación técnica más alta concedida por la Superintendencia de Casinos de Juegos. En base a esto, solicitaron al TDLC que decretara la medida como improcedente, injustificada y desproporcionada, argumentando que el Grupo peruano no busca resguardar el interés común, sino que obedece a un interés comercial, estratégico e individual. Esta postura fue ratificada en la última cautelar, donde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nuevamente estableció “no ha lugar” a la medida presentada por los terceros coadyuvantes de la FNE.