Subsidio al Dividendo: Opción para comprar vivienda nueva que ya está disponible en Chile

Hasta 50 mil beneficiarios podrán optar a una ayuda que reduce el dividendo mensual y el costo total del crédito hipotecario.

El acceso a la vivienda propia sigue siendo uno de los grandes anhelos –y desafíos– de los chilenos. En medio de una desaceleración económica, inflación persistente y un mercado inmobiliario golpeado, el Gobierno lanzó oficialmente el nuevo Subsidio al Dividendo, una herramienta que apunta directo al corazón del problema: el financiamiento.

La medida ya es ley y fue aprobada por el Congreso con una promesa clara: reactivar la compra de viviendas nuevas y facilitar el acceso a créditos hipotecarios, gracias a una inyección directa de hasta 50 mil subsidios para quienes deseen adquirir una propiedad de hasta 4.000 UF.

¿Cómo funciona este subsidio?

La fórmula es simple pero efectiva. El Subsidio al Dividendo otorga una reducción de 60 puntos base a la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Y no viene solo: se combina con una garantía estatal del FOGAES, que cubre hasta el 60% del valor de la vivienda, lo que amplía significativamente el acceso para personas que, de otro modo, no calificarían para un crédito bancario tradicional.

Esta combinación podría reducir la tasa final hasta en 100 puntos base respecto al promedio actual, lo que se traduce en una baja directa en el valor mensual del dividendo y, en consecuencia, en el costo total del crédito.

Ejemplos concretos: cuánto ahorras con este subsidio

No estamos hablando de ahorros simbólicos. Un caso real: si compras una vivienda nueva de 3.500 UF con un crédito a 30 años plazo, la tasa promedio actual sin subsidio es de 4,42%, lo que genera un dividendo de $678.341. Con el subsidio, la tasa podría bajar en 100 puntos base, reduciendo el dividendo mensual a $601.672, es decir, $76.669 menos cada mes.

¿El ahorro total al término del crédito? $27.600.840, según cifras del propio Ministerio de Vivienda.

En el caso de una vivienda nueva de 4.000 UF, el dividendo mensual baja desde $699.681 a $622.153, lo que representa $77.528 de ahorro mensual y una rebaja total del crédito hipotecario de $27.910.080.

¿Quiénes pueden postular y qué viviendas califican?

Este subsidio está dirigido a personas naturales que compren una vivienda nueva de hasta 4.000 UF. Además, existe un cupo reservado de 6 mil subsidios para quienes ya cuentan con subsidios habitacionales previos, como el DS1 o el DS19, en viviendas de hasta 3.000 UF.

Esto abre una oportunidad real y concreta para quienes ya han dado un primer paso en el camino a la vivienda propia, pero no han podido concretar la compra.

¿Reactivación del sector o apoyo directo a las familias?

La nueva ley busca cumplir un doble objetivo. Por un lado, dinamizar el alicaído sector inmobiliario, uno de los más golpeados tras la pandemia y la crisis económica. Por otro, entregar una solución real a las familias que enfrentan altos costos de financiamiento, trabas bancarias o falta de liquidez para cubrir el pie o los primeros dividendos.

El Gobierno apuesta a que esta política tenga un efecto inmediato en las ventas de viviendas nuevas y, de paso, impulse la actividad en la construcción, el empleo y la cadena de servicios inmobiliarios.

Contexto regional: impacto en el Maule

En regiones como el Maule, donde el acceso a viviendas dignas sigue siendo una demanda creciente, y una deuda pendiente, este subsidio puede representar un verdadero apoyo.

Con esta medida, se abre la puerta para que más personas puedan quedarse en sus comunas de origen, optar a una propiedad nueva sin migrar a la capital regional, y enfrentar el pago del dividendo mensual con un alivio real en sus finanzas.

¿Qué sigue?

El llamado es claro: quienes estén evaluando la compra de una propiedad deben informarse ahora, ya que el subsidio está en vigencia y tiene un límite de 50 mil cupos. Y como en toda política pública, el tiempo y la oportunidad hacen la diferencia.

El proceso se canalizará principalmente a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los bancos, en coordinación con el sistema de garantías estatales FOGAES.

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