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2 días agoon
Operativo de fiscalización migratoria en Talca reunió a 50 funcionarios en una intervención clave para controlar la inmigración irregular
En un operativo realizado en el sector de Villa Las Américas en Talca, más de 50 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron una extensa fiscalización en bloques de departamentos con ocupaciones ilegales. La intervención, supervisada en terreno por el delegado presidencial regional Humberto Aqueveque, se enfocó en residentes extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Venezuela, Haití y Colombia.
El Delegado Aqueveque explicó que esta medida forma parte de un proceso integral para “habilitar las órdenes de desalojo y proceder con la demolición de las torres”.
Con los edificios próximos a ser desocupados, la fiscalización migratoria busca garantizar la seguridad de los habitantes, incluyendo la de menores de edad que residen en el lugar.
El prefecto (s) Patricio Ulloa, jefe de la Región Policial del Maule, detalló que el operativo es parte de un plan nacional para intervenir barrios prioritarios. “Controlamos a extranjeros en situación irregular y denunciamos a quienes presentan órdenes pendientes”, declaró Ulloa, subrayando que los migrantes controlados están sujetos a procesos de regularización o denuncia por ingreso clandestino.
De los 51 extranjeros fiscalizados, 8 fueron denunciados por infracción a la Ley de Migraciones, aunque no se registraron detenciones, ya que la inmigración irregular no constituye delito en Chile actualmente.
El subprefecto Sergio Valdés, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) de Talca, puntualizó: “Denunciamos a los ciudadanos según el Artículo 32 N°3, la mayoría de ellos por ingreso clandestino”.
Este operativo ocurre en medio de un debate nacional sobre el endurecimiento de la política migratoria, con un proyecto en el Congreso que busca aumentar las causales de expulsión de extranjeros. Esta iniciativa impulsada por el presidente Gabriel Boric propone expulsiones para inmigrantes que incurran en delitos de convivencia o violencia, buscando ampliar las causales de expulsión de inmigrantes constitutivas de delitos como violencia intrafamiliar o porte ilegal de armas, revocar la residencia a los que cometan reiteradamente infracciones relacionadas con la convivencia, ya sean riñas, ruidos molestos y venta ambulante irregular, aumentar los requisitos para obtener la nacionalización chilena y, entre otras medidas, además de elevar las penas a los responsables de tráfico de extranjeros.
La “ley miscelánea de migración” en discusión, es apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición.
En septiembre, el Presidente Boric, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que “Chile ya no está en condiciones de recibir más migración”, de hecho nuestro país actualmente alberga a más de 1,6 millones de migrantes, y precisa medidas que permitan un control más efectivo de quienes ingresan al país de forma irregular. Según datos del INE, un 6,6% de la población extranjera en el país está en situación irregular, con un aumento de migrantes tras la crisis en Venezuela.
La posible aprobación de esta legislación endurecería las condiciones para residir en el país, respondiendo a la presión social en torno a la seguridad y la convivencia en áreas urbanas, y haciendo que en el futuro operativos como el de hoy en Talca logren real efectividad, con acciones concretas.
Video del punto de Prensa, en Cuartel PDI:
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